Alejandro Solís

 Sólo percepciones nebulosas de la realidad, pueden desvincular objetivos del servicio educativo, de la crisis social. Esta tendencia a negar las difíciles condiciones de vida y trabajo de la sociedad mexicana y sus oleadas sobre las características de la educación del sistema escolar, ha sido potenciada en los últimos años y, en especial, como un recurso retórico para facilitar la concentración y centralización de la riqueza.

En efecto, contraviniendo la lógica sencilla de que la miseria de un país en crisis se refleja en miserias de sus estructuras sociales, como es la educativa, se continua apoyando la supuesta idea de que con declaraciones e intervenciones externas, será posible sacar del letargo al sistema escolar. Así, utilizando recursos públicos se festina y subsidia la creciente intervención de agencias certificadoras para opinar sobre procesos específicos, aplicándoles criterios generales, como son los del ISO.

            En las comunidades escolares que han pasado esos procesos, o en las que están haciéndolo, se comentan en silencio las imposturas efectuadas para simular escenarios o procesos que han sido o han de ser auditados para su certificación, por centrales ubicadas en otros países. El tema, semejante a un puerco espín tiene demasiadas aristas para analizarse y, las más de las espinas presentan múltiples filos. Aun sobre la falsedad de montajes para conseguir el ansiado certificado, la derrama económica para sufragar la actividad de los expertos y del certificador, implica millones de pesos al año bajados de las arcas estatales, en el caso de las escuelas públicas, y de los ingresos de las escuelas particulares, cuyo costo lo paga el consumidor.

            Para calcular el monto del nicho de mercado, basta con multiplicar más o menos unos 80 mil pesos por el trabajo de la agencia que “acompaña” en la instalación de los manuales de procesos, y 40 mil pesos por el certificado oficial cedido por la empresa extranjera: en la primera etapa de certificación, una escuela de menos de 500 alumnos eroga unos 120 mil pesos por cinco procesos. A los seis meses, deberá realizar otro proceso de auditoría para ratificar “la calidad” a un costo de 20 mil pesos, cosa que hará obligatoriamente durante los tres primeros años: 300 mil pesos por escuela, en el estado de Puebla se calcula hay unas 230 escuelas registradas (universidades, colegios, institutos, centros educativos): 69 millones de pesos, en promedio, es realmente a lo que aspiran quienes le apuestan a “la certificación de la calidad educativa”. Son cifras modestas pues, dependiendo del tamaño de la escuela, los certificadores ajustan sus precios a la alza. Para el erario, es una sangría.

Para las escuelas privadas… asignar recursos para pagar y mantener el certificado equivale a “aceptar” incluir a un socio que se levantará con parte de las ganancias, pero sin ninguna responsabilidad por las pérdidas. Para nosotros, en el doble papel de contribuyentes y padres de familia, la política de calidad implica dos erogaciones económicas.

Indudablemente, con la obligatoriedad de las políticas de calidad, los gestores hacen su primavera en el otoño de la nación.