Fortaleza, el marco legal.

Alejandro Solís

Sólo en experiencias totalitarias la finalidad es igualdad para todos omitiendo las diferencias objetivas: al contrario, en la vida democrática consecuente, observar las diferencias es condición de la igualdad, siendo la igualdad sacrificante de las distinciones la condición de la comercialización, precisamente. En el caso de la evaluación externa, si queremos oponernos a su comercialización, requerimos recuperarla como bien público o social, y, obviamente, siendo nuestra sociedad desigual los instrumentos ideales de su conducción no pueden ser cerrados, palmarios o planos; mucho menos reducidos a manuales operados por expertos y consultores promotores de la visión de calidad comercial.

Vistas así las cosas, sin falacias, el tema de la evaluación externa de la calidad educativa resulta en acciones calificadoras del carácter del Estado, pues de privilegiar la intervención corporativa de entes periféricos con la capacidad de decidir en el rumbo de la educación, sesgaría su papel clásico de regulador de los intereses sociales, a apéndice legalista del capital monopolista. Parafraseando a Einstein: existe la posibilidad de que el país conquistado por el capital internacional sea avasallado por las decisiones educativas de los “sacerdotes de la calidad, asegurándose para sí mismos de la propiedad de los RVOE” y, con ello, favorecer el enfoque de capacitación de calidad para el trabajo eficente, dando al traste con el espíritu del constituyente, expresado en el Artículo 3° garante de educación universal, ética, libre, gratuita, racional e integradora.

No resulta agradable llegar tarde a la instrumentación de la política pero sería menos digno hacerlo ignorando lo que otros hicieron, pues es el camino más seguro para repetir errores. A punto de ser obligatoria la evaluación externa en México, sería interesante saber qué ha pasado con ella en otros países y en el propio; a tres años de incrementarse la evaluación del sistema de educación básica por el INEE, para fines de certificación de partes del proceso por el ISO, de acreditación de instituciones con el objetivo de agrupación de la FIMPES, y para la acreditación de programas académicos por organismos autorizados del COPAES hay ejemplos benéficos para la educación y negativos, pues aparte de activar el interés por el tema de calidad, han abierto las puertas a la simulación certificada y acreditada.

Signos y caminos de la dependencia.

Un poco historia patria. La represión del pueblo mexicano como acción política y militar para resolver las contradicciones del sistema en el régimen de Ordaz, en el fondo y por la violenta forma genocida significó el reconocimiento de la obsolescencia de las estructuras de control político e ideológico del Estado Nacional; perfilándose las tácticas de entonces a modificar las reglas del estado benefactor anterior, propiciador del desarrollismo industrial y del capital monopolista. En esa línea, es conocido el doble papel histórico del régimen de Echeverría para cerrarle el paso a la estructura anquilosada y poner las bases del estado neoliberal, uno de cuyos primeros componentes fue la incorporación al sistema de centenas de jóvenes contestatarios del sesenta y ocho designados para crear las nuevas estructuras de organización social (partidos legales, sindicatos, creación de universidades públicas y privadas, de empresas por cooperación, periódicos, revistas, etc.). No pocos de los jóvenes de entonces ahora son honorables miembros del Congreso de la Unión, otros han sido o son gobernadores, presidentes municipales, rectores, etc.; muchos combinan sabiamente funciones públicas con beneficios privados; en todo caso, el régimen convalidado por la sociedad representada en el parlamento elegido mediante el voto secreto depositado en urnas, cumple con uno de los requisitos de toda democracia moderna: facilitar la concentración del capital. En lo económico, otra de las variables clave del neoliberalismo es adelgazar el aparato estatal abatiendo su costo operativo, pasando funciones públicas a la sociedad para liberar recursos económicos y destinarlos al pago del servicio de la deuda.

(Continuará: Fuerte debilidad, hacer depender funciones públicas de criterios empresariales.)