Debilidades de la obligatoriedad de la evaluación externa.

Alejandro Solís

Pero, ¿nuestro país ya está en condiciones materiales y espirituales de plenitud evolutiva tales que aseguren equidad, justicia e igualdad de oportunidades para el crecimiento de todos, tanto como de cada quien? No, ciertamente no. La desigualdad caracteriza al México de la primera década del siglo XXI, dista de ser una sociedad científica cuya vida cotidiana avance mediante procesos coherentes de cultura progresista para el bien de todos. Fenómenos derivados de la dependencia, del desarrollo desigual y combinado del país, de la presencia dominante de intereses económicos monopolistas y oligarcas, del monto de la deuda nacional y el tributo obligado, de la corrupción generalizada, de la fuga de riqueza social en las personas de millones de compatriotas que decidieron probar suerte allende la frontera norte para salir del círculo de la pobreza, niegan la igualdad; ni siquiera hay de oportunidades.

 

En este ambiente, las políticas de desarrollo nacional equitativo con calidad eficientemente impulsadas en las condiciones estructurales de desigualdad económica, probablemente resulten en mayores privilegios para los grupos de poder; para los cuales los instrumentos de evaluación externa deriven en medios para la manipulación del mercado interno, a favor de la concentración de la riqueza en el caso del servicio educativo. La evaluación externa propuesta en teoría para dar certeza a los usuarios sobre la calidad del servicio que reciben, en los hechos puede concluir en su antítesis. La posibilidad práctica de que así suceda no depende de imprevisibles, sino de perspectivas teóricas y tendencias metodológicas de las IES sobre opciones ya existentes; en el fondo de la declaración de los Rectores sobre la necesidad de recuperar el carácter de bien público de la educación, oponiéndonos a su comercialización sin fronteras, está el quid de la cuestión: hay demasiada evidencia empírica que niega las bondades, per se, de las leyes del mercado para el logro de la finalidad deseada, aunque esta se ampare en la idea de calidad. Para el logro de ganancias económicas, la calidad es una característica de la política para dirigir procedimientos operativos hacia los resultados esperados; es una táctica precisamente esgrimida en el ámbito mercantil para posicionarse del mercado solvente, asegurando la realización de las mercancías: la educación en las economías de mercado, sin ambages es una mercancía y como tal se valoriza. En este sentido, ¿realmente pudieran ser la evaluación, certificación y acreditación externa instrumentos de la centralización del capital para sacar fuera del mercado a las IES imposibilitadas de invertir recursos para el pago del servicio? Es probable.

 

Si bien en el contorno de la vida productiva y comercial es normal y deseable hacer las cosas con calidad –aunque muchas veces la calidad se exige para incrementar la productividad, lo que es sinónimo de explotación-, en cuestiones culturales como es el caso de la educación concebida e impulsada como un bien público y derecho social prioritario, la calidad no resulta ser un estímulo suficiente para mejorar las cosas y los procesos. En situaciones sociales humanas de importancia trascendente los para qué, porqué y cómo, son el marco de referencia determinante de la calidad de los procedimientos y, por ende, de la calidad de los resultados congruentes con la finalidad deseada: el carácter de bien público de la educación se determina por su finalidad histórico social, expresada en la filosofía y política del Estado Mexicano, en especial de la filosofía y política educativa manifestada en los artículo 2 y 7 de la Ley General de Educación. Congruentes con el Artículo 3° de la Constitución Mexicana, enuncian que la educación del pueblo mexicano debe procurar su desarrollo democrático, autónomo, crítico, creativo, racional sensible, laico, científico, digno, íntegro, antidogmático, antisectario, fraterno e igualitario. Por lo que se observa, la calidad a secas dista mucho de ser el concepto clave o categoría central del desarrollo educativo, tan sólo con referencia al marco legal, sucediéndole lo mismo al concepto de evaluación externa: dependen de la finalidad propuesta.

 

(Continuará: Fortaleza: el marco legal.)